Más de 60 socialistas se libran de devolver más de 100 millones al prescribir los delitos imputados

Los socialistas que se han ido de rositas gracias el archivo de sus causas tras prescribir los delitos por los que estaban imputados ascienden a más de 60. Todos estos ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía no serán juzgados por el mero hecho de haber ‘caducado’ las tramas en las que están envueltos. Y es que al archivo de Isofotón hay que sumar el caso de ‘Cárnicas Molina’, el de los cursos de formación o hasta diez piezas separadas de los ERE.

Isofotón (80 millones)

La juez de instrucción que lleva el caso Isofotón archivó hace unos días la causa por haber caducado. Un caso con 40 investigados acusados del desvío de al menos 44 millones de euros de los fondos públicos andaluces, y que salpican a líderes socialistas como los ministros María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera o al líder del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas. En total, aunque se investigaba únicamente el paradero de 44 millones, a la empresa Isofotón se le desviaron un total de 80 millones de euros de los que los andaluces no volverán a saber nada más.

Y es que la causa ha caducado judicialmente hablando, por lo que la juez ha decidido dar carpetazo al asunto que traía de cabeza a los socialistas. Entre todos ellos, caían acusaciones por cometer delitos como malversación, prevaricación o falsedad en documento público.

La investigación se cernía sobre las irregularidades en la concesión de ayudas a una multinacional malagueña que fabricaba placas solares y que estaba prácticamente quebrada. La Junta socialista de Andalucía dilapidó al menos 44,15 millones de euros para intentar reflotar una empresa sin apenas actividad y que, efectivamente, acabó quebrando en 2014.

Residencia (2 millones)

Otro de los casos que han prescrito recientemente es el de una residencia de mayores con Alzheimer en el municipio de Chirivel (Almería). Según un atestado de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Guardia Civil de Almería, fue creada una «organización delincuencial» aparte para distraer el dinero público que se iba a destinar en principio a la construcción del citado centro. Desde hace ya tres años los tribunales investigaban a varios cargos del PSOE por «distraer» el citado dinero público.

Curiosamente, el dinero público fue concedido por el Ejecutivo socialista de Susana Díaz. Sin embargo, el centro únicamente pudo funcionar durante algo más de cuatro años y terminó cerrando en 2018. Un auténtico desastre que ha dejado en su lugar un edificio completamente abandonado y en ruinas. 

Pese a la aparente evidencia del desvío, el juzgado tuvo que archivar la causa a petición de la Fiscalía, toda vez que «todos los hechos anteriores al día 20 de octubre de 2016 se encuentran ya prescritos». Con el carpetazo a este asunto, quedaron libres 15 investigados, entre los que se encuentra el que fuera alcalde de Chirivel, el socialista Cristóbal Aránega.

Cárnicas Molina  (5,83 millones)

No podemos olvidar el caso de ‘Cárnicas Molina’, que investigaba el paradero de casi 6 millones de euros y que fue archivado en 2020. El carpetazo a este asunto dejó sin cargos, entre otros, al ex presidente de la Junta socialista de Andalucía, Manuel Chaves, así como a su número dos, Gaspar Zarrías. 

Este caso versaba sobre un préstamos irregular de 5,83 millones de euros que fue concedido por la Junta socialista de Andalucía en 1999 a la empresa Campocarne. Igual que en los casos anteriores, pese a las evidencias el juez archivó el caso por haber prescrito los delitos.

UGT y CCOO (6,1 millones)

UGT y CCOO adeudan más de 6 millones de euros a la Junta de Andalucía por la gestión de las Residencias de Tiempo Libre entre 2003 y 2006. Sendos sindicatos tenían que ingresar este dinero por orden judicial, pero el Juez de Instrucción número 9 de Sevilla terminó archivando la causa porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determinó en 2017 que las posibles responsabilidades habían prescrito.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía desistió entonces de recurrir y, por tanto, de recuperar estos fondos. Por su parte, el Ministerio Fiscal admitió que existió «una cierta desidia en el cobro de esas cantidades» por parte de la Junta socialista de Andalucía. En total, CCOO se quedó con algo más de 4 millones de euros y UGT hizo lo propio con unos 2,1 millones.

Mercasevilla (1,2 millones)

Carmelo Gómez, ex diputado socialista en el Parlamento de Andalucía, también se fue de rositas por quedar prescritos los delitos que se le imputaban. En esta ocasión hablamos del ‘caso Mercasevilla’, sobre el que el TSJA tuvo que dar carpetazo por ‘caducar’ la causa, dejando sin cargos a Gómez pese a estar investigado por un delito de falsedad al simular un contrato con una empresa vinculada al denominado ‘conseguidor’ de los ERE, Juan Lanzas.

En esta ocasión, la tardanza se debió a una serie de fallos que, en definitiva, dejó a los andaluces sin recuperar unos 1,2 millones de euros, correspondientes a una ayuda excepcional para cursos de formación concedida por la Junta socialista en el año 2010 a la Asociación de Apoyo a la Integración Humanistas, que pertenecía a otro socialista, Ángel Ojeda Avilés (fallecido el año pasado).